DECRETO CONTRA LA EXTORSIÓN EN TRANSPORTE: EXPERTOS ADVIERTEN "PUNTOS CIEGOS" FINANCIEROS

El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 009-2026-PCM con el objetivo de reducir los delitos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte público y de mercancías. La norma establece medidas agrupadas en cuatro niveles: prevención financiera, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica. Entre las disposiciones destaca la supervisión de la SBS sobre los flujos de dinero vinculados a denuncias, buscando desarticular las redes económicas del crimen organizado mediante la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la PNP.

Sin embargo, especialistas en seguridad han cuestionado la operatividad de estas medidas en la realidad peruana. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, explicó que el sistema financiero suele monitorear transacciones a partir de los $1,000, mientras que los pagos extorsivos suelen ser montos pequeños y frecuentes. Según Valdés: “En estos momentos, los umbrales que existen en el sistema financiero no están preparados para captar estos movimientos”. Asimismo, criticó la mención al sistema tecnológico C5i, afirmando que su implementación requiere una inversión millonaria con la que el país no cuenta actualmente.

En cuanto a la respuesta táctica, el decreto dispone el patrullaje focalizado y el uso de botones de pánico, aunque expertos como Frank Casas señalan limitaciones logísticas. Casas advirtió que la efectividad del patrullaje depende de las denuncias, las cuales son escasas por temor a represalias, y subrayó que los botones de pánico suelen ser inoperativos para delitos sistemáticos como la extorsión telefónica. Pese a las críticas, la norma faculta al Ministerio de Transportes a certificar rutas y terminales seguros, incorporando progresivamente cámaras integradas a los sistemas de comando policial.

Fuente: El Comercio