Las denuncias por extorsión en Perú se han multiplicado por seis desde 2019, mientras el presupuesto del Ministerio del Interior ha caído un 18 % en términos reales.
La inseguridad ciudadana en Perú ha alcanzado niveles críticos, con un aumento exponencial de las denuncias por extorsión. Según el INEI, estas denuncias se han multiplicado por seis desde 2019, afectando principalmente a comerciantes, transportistas y microempresarios. La Libertad es la región más afectada, con un número de denuncias cuatro veces mayor que en 2019. “Más de 13,000 bodegas fueron víctimas de extorsión en 2023, lo que pone en riesgo la operatividad de las mypes”, señaló la Asociación de Bodegueros del Perú.
Paradójicamente, mientras la criminalidad aumenta, el presupuesto del Ministerio del Interior (Mininter) ha caído un 18 % en términos reales desde 2019. Esta reducción ha limitado la modernización de la infraestructura policial y la adquisición de equipamiento. En 2023, solo el 25 % de las comisarías contaba con radios portátiles, y apenas el 4 % tenía GPS. Además, el 58 % de las motocicletas policiales están operativas, pero en regiones como el Callao, este porcentaje cae al 17 %.
La escasez de personal policial también es un problema grave. El número de policías por cada 100,000 habitantes se redujo de 170 en 2019 a 155 en 2023, cifra muy por debajo del estándar recomendado por la ONU (180) y de países como Chile (232). “Para revertir esta crisis, es fundamental aumentar los recursos y mejorar la infraestructura policial”, afirmó un experto en seguridad. La cooperación público-privada y mecanismos como obras por impuestos podrían ser clave para enfrentar este desafío.
Fuente: El Comercio