6 AÑOS SIN JUSTICIA EN VILLA EL SALVADOR
La deflagración ocurrida en Villa El Salvador el 23 de enero de 2020 marcó un antes y un después en la memoria colectiva del país. No fue solo un accidente vial: fue la evidencia brutal de cómo la negligencia, la falta de fiscalización y el abandono de la seguridad pública pueden converger en una tragedia de dimensiones humanas incalculables. Treinta y cuatro personas perdieron la vida, decenas quedaron heridas de por vida y un barrio entero vio cómo su cotidianidad se reducía a cenizas en cuestión de minutos.
El origen del siniestro —la rotura de una válvula de un camión cisterna que transportaba GLP al pasar por un desnivel peligroso— revela una cadena de omisiones que va más allá del conductor. La rápida expansión del gas y la posterior deflagración expusieron no solo las deficiencias técnicas del vehículo, sino también el mal estado de la vía y la ausencia de controles efectivos por parte de las autoridades competentes. Cuando la prevención falla, el costo siempre lo pagan los ciudadanos.
A seis años del desastre, la respuesta del sistema de justicia deja un sabor amargo. La sentencia de cinco años de prisión suspendida al conductor, Luis Guzmán Palomino, ha sido percibida por los deudos como insuficiente y desconectada del daño causado. Más aún, las investigaciones sobre la responsabilidad de la empresa Transgas y de las entidades fiscalizadoras avanzan con lentitud, mientras las víctimas continúan enfrentando solas las secuelas físicas, psicológicas y económicas de la tragedia.
Las misas y vigilias que cada 23 de enero se realizan en el lugar del accidente no son solo actos de memoria, sino también de protesta silenciosa. Recordar Villa El Salvador es exigir que la impunidad no se normalice y que el Estado asuma su deber de proteger la vida por encima de la desidia burocrática. Esta tragedia no puede quedar reducida a una fecha conmemorativa: debe ser una lección permanente para que nunca más la negligencia vuelva a encender una chispa mortal en nuestras calles.