HAY QUE REÍR CON LA POLÍTICA PERUANA PARA NO LLORAR
La vacancia de Dina Boluarte, aprobada el 10 de octubre con 122 votos en el Pleno del Congreso, representó uno de los episodios más críticos de la crisis política que atravesó el país. Las acusaciones por presunta corrupción, abandono del cargo, uso irregular de viajes oficiales y falta de capacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana minaron por completo su gobierno. Su decisión de no acudir al hemiciclo para ejercer su defensa fue interpretada como un desprecio al Parlamento y terminó por consolidar la percepción de un Ejecutivo aislado y sin voluntad de tener transparencia.
El respaldo a las cuatro mociones de vacancia evidenció un amplio consenso entre bancadas que, desde distintas posiciones ideológicas, coincidieron en cuestionar la conducción política del Poder Ejecutivo. Más allá de las diferencias partidarias, el Congreso cerró filas frente a un gobierno que fue considerado incapaz de responder al avance del crimen organizado y a la creciente sensación de inseguridad. Sin embargo, este acuerdo parlamentario también dejó al descubierto las alianzas políticas y los hilos de quienes conducen realmente el Perú.
Tras la asunción del presidente interino José Jerí, la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao buscó contener una crisis de seguridad que ya se encontraba desbordada. La prórroga de esta medida excepcional confirmó la magnitud del problema y la falta de resultados inmediatos. Aunque el despliegue conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas permitió reforzar el control del orden interno, la restricción de derechos fundamentales generó preocupación y cuestionamientos sobre la eficacia y sostenibilidad de esta estrategia.
Por otra parte, la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante la marcha nacional del 15 de octubre terminó de profundizar la fractura social. El fallecimiento de un joven manifestante, en medio de enfrentamientos con la Policía y bajo denuncias de uso excesivo de la fuerza, se convirtió en un símbolo del deterioro institucional y del costo humano de la crisis. Las investigaciones fiscales y la exigencia ciudadana de justicia reflejaron un país golpeado por la desconfianza, donde la transparencia y la verdad se volvieron indispensables para intentar recomponer la legitimidad del Estado.