Expertos y autoridades analizaron las brechas territoriales que impiden el acceso de 1.2 millones de personas al recurso energético.
El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) convocó a un foro de alto nivel para analizar los desafíos regulatorios y de inversión que enfrenta el Perú en la masificación del gas natural. Durante el encuentro, se evidenció que, a pesar del éxito del Proyecto Camisea, el acceso al recurso sigue concentrado mayoritariamente en Lima y Callao, dejando a las regiones del sur en una situación de desigualdad energética. Santiago Rojas, gerente regional norte de CAF, destacó que “el gas natural no solo permite reducir costos energéticos y emisiones, sino que es un habilitador estratégico para la competitividad, la transformación productiva y la inserción del Perú en la economía digital”.
Como parte del análisis técnico, Carlos Casas, director del Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, presentó una propuesta para llevar el recurso a las siete regiones del sur donde 1.2 millones de personas aún no cuentan con el servicio. El estudio identificó que el uso de mecanismos contractuales para ampliar la cobertura de distribución existente sería la opción más recomendable frente a la obra pública o nuevas asociaciones público-privadas. En esa línea, Rojas añadió que “desde CAF promovemos una discusión técnica y basada en evidencia, que permita tomar decisiones oportunas para cerrar brechas energéticas, sin perder de vista la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la necesidad de contar con un marco regulatorio predecible”.
Por su parte, Luis Miguel Castilla, director de Videnza, advirtió sobre las restricciones fiscales actuales y la urgencia de fortalecer la institucionalidad para facilitar la inversión en infraestructura gasífera. Castilla subrayó el papel fundamental de la banca multilateral para atraer capital privado hacia el sector energético en un momento clave para la seguridad del país. El foro concluyó que la masificación debe ser abordada como una política de desarrollo de largo plazo, integrando la asistencia técnica y el financiamiento para generar consensos entre el Estado, la academia y el sector privado.
Fuente: El Comercio