Diversas organizaciones de la sociedad civil
como parte del Grupo Consultivo del Acuerdo comercial con Unión Europea
advirtieron este 1 de diciembre que el Perú está atravesando un proceso sistemático y
acumulativo de flexibilización de su normativa ambiental que afecta la
Amazonía, la gobernanza forestal, los derechos de pueblos indígenas y el
cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo Comercial con la Unión
Europea (AC-UE).
Durante un desayuno de trabajo con
periodistas, especialistas de RedGE, MOCICC, DAR y Proética coincidieron en que
estos retrocesos “no son hechos aislados, sino parte de un patrón que
debilita la capacidad del Estado para proteger el ambiente, fiscalizar
actividades extractivas y combatir el crimen organizado vinculado a economías
ilegales”.
Henry Córdova, coordinador del área de
incidencia política del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático
(MOCICC), señaló que desde 2014 el país acumula normas regresivas que reducen
estándares y limitan la fiscalización ambiental. Córdova advirtió que estas
medidas vulneran directamente los artículos 268, 273, 275 y 277 del AC-UE, que
obligan al Perú a mantener altos niveles de protección ambiental y evitar
retrocesos como incentivo comercial así como incumple el compromiso climático
del Perú.
Por su parte, Vanessa Cueto, presidenta de
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), expuso los impactos territoriales
del retroceso normativo. Cueto alertó además sobre el contexto de delegación de
facultades al Poder Ejecutivo: “Existe el riesgo de nuevas medidas
regresivas que profundicen este patrón de debilitamiento ambiental”.
Por otro lado, Magaly Avila, directora del
Programa de Gobernanza Ambiental en Proética - Capítulo Peruano de
Transparencia Internacional, advirtió que la erosión de la normativa ambiental
favorece a redes criminales vinculadas a la tala ilegal, el lavado de madera y
la minería ilegal. Ávila recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera ya ha
alertado que la flexibilización facilita el lavado de activos en sectores
vinculados a delitos ambientales.
Riesgos para el Acuerdo Comercial y
preocupación por la Ley APCI
Ana Romero, coordinadora ejecutiva de la Red
Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), destacó que el Perú está
incumpliendo los compromisos ambientales del AC-UE, lo que podría afectar la
credibilidad del país ante la Unión Europea.
“El Acuerdo Comercial exige participación
ciudadana real, transparencia y altos estándares ambientales. El patrón de
retrocesos que estamos viendo no solo vulnera esos compromisos, sino que envía
un mensaje muy negativo a la UE. Y si además se restringe el trabajo de
sociedad civil a través de normas como la Ley APCI, se pone en riesgo el único
mecanismo que tiene la UE para verificar si el Perú está cumpliendo”, señaló.
Romero agregó que el contexto de normas
regresivas y amenazas a la vigilancia ciudadana podría agravar tensiones con la
UE: “Si el Perú quiere mantener una relación comercial moderna, debe
garantizar que el comercio no avance a costa de los derechos, los bosques y el
clima”.
Las organizaciones advirtieron que el país
necesita retomar la ruta del cumplimiento y fortalecer la institucionalidad
ambiental para evitar mayores impactos sobre la Amazonía y sobre las
comunidades que dependen de ella.
“El futuro de nuestros bosques y nuestra
credibilidad internacional están en juego”, concluyó Romero.