“SI PREFERIMOS AUTOS DE LUJO ANTES QUE PROTECCIÓN A LA POLICÍA”: DURA CRÍTICA A GESTIÓN DE JOSÉ JERÍ

En entrevista para ´Diálogo Ciudadano´, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, cuestionó la nula efectividad del gobierno de José Jerí en materia de seguridad y su continuidad del modelo dejado por Dina Boluarte. Quispe afirmó que el principal error del presidente fue mantener a los altos mandos de la Policía Nacional pese a sus situaciones comprometedoras en operativos e investigaciones recientes. Según el abogado, se ha consolidado una policía que extorsiona, que actúa con impunidad y que, ante casos de uso letal de la fuerza en protestas, sabe que no enfrentará prisión preventiva. El resultado, advirtió, es un aumento del número de muertos desde el último mes del gobierno de Boluarte hasta el periodo actual.

Para Quispe, la crisis tiene raíces más profundas: comienza desde el ingreso a la institución policial. Señaló que existen pagos de 50, 60 y hasta 120 mil soles para acceder a plazas de suboficial u oficial, lo que implica que la corrupción inicia antes incluso de vestir el uniforme. A ello se suman, según relatan efectivos internos, requisitos informales como “comelonas” para aprobar exámenes, así como filtros débiles que permiten el ingreso de personas con antecedentes que luego terminan vinculadas a organizaciones criminales. “Se necesita una reforma real de la Policía Nacional del Perú”, insistió.

El abogado sostuvo que la llamada “reestructuración” no responde a lo que el país necesita. En lugar de declarar en emergencia a la PNP para agilizar logística esencial, como chalecos antibalas o equipamiento operativo, el gobierno habría priorizado decisiones cuestionables, como la reciente autorización para entregar vehículos de alta gama valorizados en más de 18 millones de soles a altos oficiales. “Si preferimos dar autos de lujo antes que protección a quienes enfrentan a delincuentes, estamos despreciando al suboficial”, afirmó.

Finalmente, Quispe planteó medidas urgentes: cambiar al comandante general Arriola y depurar a oficiales ascendidos que, según él, han demostrado malas prácticas en operativos. Sostuvo que toda intervención policial debe contar con presencia del Ministerio Público para garantizar su legalidad y evitar “operativos bamba”, siembras de droga o explosivos con el fin de mostrar resultados ficticios. Además, exhortó al Congreso a derogar la ley que separa la conducción estratégica del Ministerio Público de la ejecución operativa a cargo de la PNP, pues genera descoordinación y favorece abusos.