ALARMA NACIONAL: “EL 75,7% DE LA POBLACIÓN PERUANA JUSTIFICA LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES”:

En medio de un escenario de creciente preocupación por los retrocesos en materia de igualdad de género, la socióloga Jessenia Casani, integrante del estudio para la defensa de los derechos de la mujer (Demus), advirtió que el Estado peruano atraviesa un periodo de debilitamiento en sus políticas públicas destinadas a proteger a mujeres, niñas y población LGTBIQ+. En entrevista con ´Diálogo Ciudadano´, Casani alertó que, pese a la existencia de un marco normativo robusto, como la Política Nacional de Igualdad de Género y la Ley N° 30364, no existe voluntad política para garantizar su cumplimiento.

Casani explicó que diversas organizaciones feministas y de derechos humanos se reunieron recientemente con expertas del Comité CEDAW de la Organización de las Naciones Unidas, instancia encargada de supervisar el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En este espacio, las organizaciones expusieron que el Estado peruano no solo ha dejado de avanzar en la implementación de políticas de prevención y atención, sino que además ha permitido el crecimiento de sectores conservadores y grupos religiosos dentro de la institucionalidad pública que buscan frenar estos avances.

Según la especialista, los retrocesos son evidentes desde 2016, año en que el país alcanzó uno de los mayores niveles de inversión pública para enfrentar la violencia contra las mujeres. Desde entonces —sostiene— los servicios han sido debilitados, se han recortado presupuestos y se han aprobado normas que afectan directamente la educación sexual integral en escuelas, herramienta clave para la prevención. Casani también denunció la eliminación de decretos que obligaban la capacitación de funcionarios públicos en enfoque de género, lo que agrava la reproducción de prejuicios machistas en la atención a víctimas y en la administración de justicia.

La socióloga aseguró que la situación es “gravísima”, respaldándose en cifras alarmantes. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES), el 75,7 % de la población peruana justifica algún tipo de violencia contra las mujeres, un incremento de 20 puntos porcentuales respecto al 2019. Para Casani, esta tolerancia social se agrava cuando autoridades difunden discursos que normalizan la violencia y refuerzan patrones discriminatorios.

El panorama se torna aún más complejo considerando que en 2026 el Perú será evaluado por el Comité CEDAW. Casani señaló que actualmente ninguna de las recomendaciones emitidas por este organismo internacional ha sido cumplida y, por el contrario, muchas han retrocedido. Sin embargo, destacó la importancia de la próxima Recomendación General 41, enfocada en erradicar patrones socioculturales discriminatorios, documento para el cual organizaciones feministas peruanas ya han aportado propuestas basadas en experiencias territoriales y comunitarias.

Finalmente, Casani hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y exigir que las autoridades asuman su responsabilidad en la prevención de la violencia de género. Recordó que, pese a las actividades conmemorativas que suelen realizarse cada 25 de noviembre, estas no reemplazan el trabajo constante y especializado que el país necesita. Insistió en la urgencia de fortalecer presupuestos, impulsar estrategias comunicacionales permanentes y desmontar creencias que siguen justificando la violencia machista. “La vigilancia ciudadana es clave para que el Estado cumpla su deber”, concluyó.