SIETE MUERTES EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA

El estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí el pasado 22 de octubre pretendía ser una medida para frenar la ola delictiva que azota a Lima Metropolitana y el Callao. Sin embargo, apenas en sus primeros días, la violencia se ha cobrado la vida de siete personas en distintos distritos de la capital, evidenciando que el crimen organizado no se detiene ante los decretos ni los operativos. Los asesinatos ocurridos en Carabayllo, Rímac, San Juan de Lurigancho y Callao muestran una preocupante expansión del sicariato y la delincuencia común, en una ciudad que parece vivir bajo fuego constante.

El caso más impactante fue el del alférez PNP Jhordy Stainer Escobedo Mori (23), asesinado dentro de su vehículo en Carabayllo cuando se encontraba a pocos metros de la casa de su pareja, con quien había descubierto que sería padre. Ese mismo distrito también fue escenario de otro crimen: el jardinero municipal Juan Montúfar Gómez (62) fue hallado muerto dentro de una vivienda con múltiples disparos. En el Rímac, Jesús Rojas Barbarán (29) recibió cinco impactos de bala cuando descansaba cerca de una obra pública; mientras que en San Juan de Lurigancho, Liyzy Espinoza Harter (30) y su madre, Diana Harter Portilla (53), fueron cruelmente apuñaladas por encapuchados que las atacaron al no lograr robarles sus pertenencias.

La violencia también alcanzó al Callao, donde Lesly Tejada Pacheco (28) fue asesinada a balazos camino a su trabajo la mañana del 24 de octubre. Horas más tarde, el chofer de combi Walter Leoncio Sandoval Castro murió tras ser atacado por sicarios en motocicleta en Ciudad del Pescador, dejando además un pasajero herido y una nota extorsiva firmada por la banda “Los Chukis”. A estos casos se suman múltiples heridos por balaceras en Ventanilla y la urbanización Constanzo, ocurridas incluso minutos antes de la llegada del propio presidente a un operativo.

El especialista en seguridad José Saavedra advirtió que el estado de emergencia podría provocar reacciones violentas de las mafias, tal como ocurrió en Ecuador o Colombia. La evidencia reciente confirma sus temores: la violencia no ha disminuido, sino que se ha desplazado y diversificado. Frente a este escenario, el Gobierno debe abandonar el enfoque reactivo y apostar por la inteligencia operativa y la coordinación policial, no solo por la presencia armada. Cada muerte registrada en estos días —de Jhordy, Juan, Jesús, Liyzy, Diana, Lesly y Walter— representa un llamado urgente a revisar la estrategia de seguridad antes de que la excepción se vuelva rutina y el miedo, costumbre.