MÁS DE 32 MIL CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL PERÚ: EL 95% DE VÍCTIMAS SON MUJERES

En el Perú, la violencia de género continúa siendo una problemática estructural que no encuentra solución pese a los esfuerzos institucionales. Según datos brindados por Kelly González Barrientos, representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, hasta septiembre de este año se han reportado más de 32 mil casos de violencia, de los cuales el 95% de víctimas son mujeres y la mayoría, niñas y adolescentes. Estas cifras evidencian que los estereotipos de género y la normalización de la violencia siguen profundamente arraigados en la sociedad peruana.

González advirtió que la violencia sexual es la segunda con mayor incidencia en el país, afectando principalmente a menores entre 12 y 17 años. En el marco del próximo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, la especialista destacó que programas como Warmi Ñan han atendido un 68% de casos de víctimas niñas. Sin embargo, alertó que la crisis no solo se refleja en las estadísticas, sino también en la creciente tolerancia social: más del 30% de la población justifica algún tipo de violencia, según encuestas recientes.

En cuanto a los feminicidios, González precisó que la cifra se mantiene alarmantemente estable respecto al año pasado, con Lima Metropolitana como la región más afectada. Pese a la existencia de más canales de denuncia, muchos casos quedan impunes. “Las denuncias aumentan, sí, pero cuántas terminan con garantías o medidas preventivas efectivas”, cuestionó. Asimismo, expresó su preocupación por proyectos de ley que podrían criminalizar denuncias sin pruebas suficientes, lo que representaría un grave retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres.

Desde Flora Tristán, González resaltó la importancia de fortalecer los Centros de Emergencia Mujer (CEM), aunque reconoció deficiencias en su funcionamiento. “La articulación entre instituciones es débil. Muchas veces no hay psicólogos, abogados o kits de emergencia en los centros de salud”, lamentó. Estos vacíos, dijo, generan un efecto dominó que desalienta a las víctimas y dificulta el acceso a una atención integral.

La activista también criticó la falta de sensibilidad en algunas dependencias policiales, donde aún se cuestiona la veracidad de las denuncias si no existen golpes visibles. Recordó que la violencia psicológica también constituye una forma de agresión y que la Policía Nacional está obligada a recibir toda denuncia sin prejuzgar. “El rol policial no es juzgar, sino derivar y acompañar el proceso”, subrayó, destacando la labor de las promotoras legales que apoyan a las víctimas en distritos como Villa El Salvador.

Finalmente, González alertó sobre los retrocesos normativos que debilitan la perspectiva de género en las instituciones públicas. “Se ha eliminado la transversalización del enfoque de género y se impide que organizaciones civiles capaciten a policías o funcionarios. Eso significa mirar la violencia sin lentes de género, y por tanto, sin entenderla”, advirtió. Frente a este panorama, insistió en la urgencia de políticas preventivas sostenidas, educación sexual integral y un compromiso real del Estado para que la lucha contra la violencia deje de ser una promesa pendiente.