Fiscales que seguían al ministro de Justicia y a la presidenta Boluarte fueron removidos por el interino Tomás Gálvez.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ejecutó una serie de modificaciones dentro del Ministerio Público, apenas tres días después de haber sido designado por la Junta de Fiscales Supremos, tras la suspensión temporal de Delia Espinoza. Entre los cambios más relevantes figura la reasignación de magistrados que tenían a su cargo investigaciones sensibles contra exfuncionarios y actuales autoridades del Ejecutivo.
Uno de los casos más notorios es el del fiscal Marcial Eloy Páucar Chappa, quien había sido adscrito al despacho de Espinoza y estaba a cargo de las pesquisas contra el exministro Julio Demartini por el caso Qali Warma. Páucar fue reubicado al Primer Despacho Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, en calidad de titular penal. También se produjo la salida del fiscal Ballón Segovia, quien investigaba al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por presunto tráfico de influencias en un caso que involucra a Joel Salirrosas, alias “el Diablo”.
Asimismo, Gálvez dispuso la remoción de Hernán Mendoza Salvador, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación. Mendoza había encabezado diligencias de alto perfil, como el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte en marzo de 2024, y además investigaba a Santiváñez por presuntas coordinaciones irregulares con oficiales policiales. El magistrado también sustentó el pedido de suspensión preventiva contra el propio Gálvez en el caso “Los Gángsters de la política”. Ahora ha sido destinado a la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Corrupción de Funcionarios.
El abogado penalista Andy Carrión advirtió que estos movimientos, aunque facultad del fiscal de la Nación interino, podrían debilitar procesos en curso. Sostuvo que reemplazar a fiscales que conocen de fondo las investigaciones genera retrasos y posibles cambios de estrategia. Además, calificó la remoción de Mendoza como un potencial “conflicto de intereses”, al recordar que este último promovió la suspensión de Gálvez en el pasado. Carrión alertó que la constante rotación en la jefatura del Ministerio Público, que en poco tiempo ha visto pasar a cuatro fiscales de la Nación, mantiene un escenario de inestabilidad que impacta directamente en la lucha contra la corrupción.