La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores alertó sobre el incremento de casos por omisión a la asistencia familiar en Lima Sur y a nivel nacional. La fiscal adjunta provincial, Fiorella Valcárcel, explicó que este delito, contemplado en el artículo 149 del Código Penal.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores alertó sobre el incremento de casos por omisión a la asistencia familiar en Lima Sur y a nivel nacional. La fiscal adjunta provincial, Fiorella Valcárcel, explicó que este delito, contemplado en el artículo 149 del Código Penal, sanciona a quienes incumplen con la obligación legal de brindar alimentos a sus hijos, generando un grave impacto en el desarrollo y bienestar de los menores.
Según la magistrada, la mayoría de los responsables son padres que, pese a contar con sentencias firmes de un juzgado de paz letrado, dejan de cumplir con los pagos establecidos. Este incumplimiento, que se repite en gran número de procesos, coloca a miles de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, afectando directamente su derecho a una vida digna y a la continuidad de sus proyectos de vida.
Valcárcel precisó que, si bien la pena por este delito puede llegar hasta tres años de cárcel o ser reemplazada por jornadas de prestación de servicios comunitarios, en muchos casos los jueces otorgan penas suspendidas y plazos para regularizar los pagos. No obstante, ante el incumplimiento reiterado, el Ministerio Público puede solicitar la revocatoria de la pena y que esta se convierta en efectiva, lo que implica prisión para los padres irresponsables.
Finalmente, la fiscal hizo un llamado a las madres de familia a no desistir en la defensa de los derechos de sus hijos y recordó que, en primera instancia, las demandas deben presentarse ante los juzgados de paz letrado. Asimismo, recalcó que las mujeres que no cuenten con recursos económicos pueden acceder a la asesoría gratuita de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, y en caso de incumplimiento reiterado, acudir al Ministerio Público para exigir el cumplimiento de la ley.