Según
el Colegio de Arquitectos del Perú, El megaproyecto portuario de Chancay
enfrenta problemas por falta de coordinación gubernamental y planificación
integral.
El puerto marítimo de
Chancay, tiene una inversión inicial de 3,500 millones de dólares y con una
proyección de movilizar más de 4 millones de contenedores anualmente, se
encuentra en medio de una crisis por gesticulación. Existe una falta de un
marco normativo adecuado y la ausencia de coordinación entre los niveles del
gobierno, destacó la Mesa de trabajo para el megaproyecto, conformada por
diferentes entidades como el Colegio de Arquitectos, La Cámara Peruana de la
Construcción y universidades líderes.
Jorge Somocurcio, decano del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, afirmó que “El Estado no ha cumplido porque no se ha aprobado ningún plan urbano ni de desarrollo. Todavía están deliberando mientras el puerto ya está funcionando. Es preocupante”.
Se
ha generado preocupación por el impacto que este proyecto pueda afectar a las
comunidades y el medio ambiente. La Mesa de Trabajo en un documento alerta
sobre la modificación de áreas agrícolas, además de la perdida del ecosistema
marino y la afectación a más de un millón de habitantes en el Norte Chico. Se
tiene como propuesta crear la Zona Económica, Ambiental y Social Especial
(ZEASE), que es un sistema integral con participación multiactor para poder
garantizar un gobierno eficiente y sostenible. De del mismo modo, señalar la
necesidad de implementar instrumentos como el Plan de Ordenamiento Territorial
Sostenible y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
Si
bien existen varios desafíos, no obstante, el nuevo puerto tiene potencial de
convertirse en un centro logístico en la región y clave para el corredor
Asia-Pacífico, consolidando a la nación como un actor relevante en el comercio
mundial. “Chancay puede ser el nuevo canal
de Panamá. Esta visión debe estar en la agenda del gobierno ahora mismo”, detalló
Ruíz de Somocurcio. A pesar de ello, ese éxito dependerá de la capacidad que
tiene el gobierno, como también del sector privado y la sociedad civil para poder
trabajar juntos y priorizar la sostenibilidad ambiental y social.