Déficit elevado, caída de inversiones y distorsiones cambiarias marcan el caso boliviano, que deja lecciones de cara al escenario electoral peruano.
Bolivia atraviesa una severa crisis económica derivada de su dependencia del gas, el gasto público excesivo y el desplome de la inversión privada. Durante el webinar “Lecciones del modelo boliviano”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), su director, Diego Macera, explicó que el país vecino aprovechó la bonanza internacional “sobre la estructura que ya se tenía antes”, pero sin ahorro ni disciplina fiscal. El resultado: inversión privada equivalente a apenas un tercio de la que registra el Perú, un modelo poco productivo y con fuerte protagonismo estatal. Las cifras reflejan la magnitud del problema: déficit fiscal cercano al 10 % desde la pandemia, deuda que roza el 100 % del PBI e inflación anual superior al 17 %, con alimentos que superan el 30 %.
El exministro de Hacienda boliviano, Luis Carlos Jemio, advirtió que el tipo de cambio fijo —mantenido durante años— “tiene que ajustarse hacia arriba”, tras agotar reservas y generar una brecha cambiaria de casi el 100 %. Recordó que un ajuste gradual pudo haberse hecho en 2015, pero se postergó por su costo político, lo que hoy genera escasez de dólares y trabas para importar bienes esenciales. El ajuste, inevitable, exigirá recortar subsidios —en especial a combustibles, que equivalen al 4.5 % del PBI— y focalizar programas sociales para reducir el impacto en los sectores vulnerables.
Tanto Macera como Jemio coincidieron en que el caso boliviano es una advertencia para el Perú en su próximo proceso electoral. Macera pidió no seguir “cantos de sirena” que prometen crecimiento rápido a costa de la estabilidad fiscal y advirtió que “lo mejor es observar qué modelos han funcionado en el largo plazo”. Jemio, por su parte, calificó de “locura” modificar el marco macroeconómico peruano, resaltando el valor de mantener reglas claras y disciplina fiscal. La experiencia boliviana demuestra que postergar ajustes y depender del gasto estatal lleva a consecuencias económicas costosas y socialmente dolorosas.
Fuente: IPE