DANIELA SANTANDER: “SER FORMAL EN MINERÍA CUESTA MÁS QUE SER INFORMAL”

Durante su participación en el programa Diálogo Ciudadano, Daniela Santander, analista senior de Economía y Energía en Videnza Instituto, alertó sobre el avance descontrolado de la minería ilegal y artesanal en el país. Señaló que esta actividad ha pasado de ser un fenómeno aislado a convertirse en un problema estructural que afecta la economía nacional, al tiempo que reveló su creciente influencia en decisiones de alto nivel.

Santander criticó el proceso de formalización por su baja efectividad. Apenas el 2.4% de los inscritos ha logrado completar el proceso. Cuestionó también las recientes reconsideraciones para reabrir inscripciones al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). “El Estado debe mantener fuera del REINFO a los más de 50 mil excluidos. No puede ceder a presiones”, sostuvo. Esta falta de firmeza, indicó, debilita la institucionalidad y genera señales negativas para el sector formal.

Al comparar los costos de operar legalmente frente a la informalidad, Santander advirtió sobre una clara desventaja. “Hoy ser formal cuesta más que ser informal”, remarcó. Explicó que los mineros ilegales no pagan impuestos ni cumplen obligaciones ambientales, lo que genera competencia desleal. Además, muchos operan en terrenos sin titularidad, lo cual complica la posibilidad de regularizarlos. No obstante, destacó iniciativas que han tenido éxito, como algunas en Cajamarca, que deberían ser replicadas.

La analista también señaló que el precio internacional del oro ha incentivado el crecimiento de esta economía paralela. Esta alza favorece a quienes operan al margen de la ley. “La brecha entre lo que gana un minero informal y uno formal se está acortando peligrosamente”, puntualizó, en referencia al desbalance económico que debilita al sistema regulado. Mientras tanto, el control estatal resulta insuficiente y la fiscalización permanece limitada.

Ante esta situación, Santander hizo un llamado urgente a asumir una respuesta decidida. Propuso una formalización auténtica, con enfoque territorial y reglas estables, basada en el compromiso conjunto entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. “La lucha contra la minería ilegal no se gana solo con mesas de trabajo, sino con decisiones firmes, reglas claras y articulación entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía organizada”, concluyó.