La caída en el puntaje de gobernabilidad de las regiones en 2023 resalta la incapacidad del gobierno para atender eficazmente las demandas ciudadanas, afectando la estabilidad económica, política y social.
El primer año del gobierno de Dina Boluarte ha estado marcado por un incremento de la conflictividad social y un aumento en la tasa de pobreza, alcanzando el 29% en 2023. En este contexto, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha señalado un deterioro progresivo en los niveles de gobernabilidad, utilizando el Índice de Gobernabilidad Descentralizada (GobDex) para medir la capacidad del gobierno de atender las demandas ciudadanas. Según este índice, el país alcanzó un nivel de gobernabilidad del 42.3% en el segundo semestre de 2023, evidenciando una caída continua desde el año 2021.
El impacto de este descenso se refleja claramente en las regiones. En 2022, solo tres regiones (Tacna, Moquegua y Arequipa) superaron el 50% en el puntaje de gobernabilidad. Sin embargo, en 2023, ninguna región logró superar este umbral, mostrando una tendencia de deterioro. “El total de regiones que están por encima de 50% se redujo de 5 en 2021 a ninguna en 2023”, destaca el informe del CPC, subrayando la gravedad del problema. Lima, junto con Arequipa, Moquegua y Tacna, se mantuvo entre las primeras posiciones en 2022 y 2023, aunque sin alcanzar el umbral del 50%.
El deterioro en la gobernabilidad no es solo una estadística; afecta directamente la vida de los ciudadanos. La incapacidad del gobierno para mantener la estabilidad y atender eficazmente las demandas sociales y económicas tiene repercusiones significativas en la calidad de vida de la población, incrementando la pobreza y reduciendo las oportunidades de desarrollo. Lima, a pesar de ser una de las regiones con mejores índices, también enfrenta desafíos importantes en términos de gobernabilidad, lo que subraya la necesidad de una gestión más efectiva y equitativa en todo el país.
Fuente: El Comercio
