DESACUERDO ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO

El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público y el Poder Judicial plantea serios cuestionamientos sobre los límites de la inmunidad presidencial y la independencia de las instituciones de justicia. El Ejecutivo ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de frenar tres investigaciones que se han iniciado contra Dina Boluarte, actual presidenta de la República. Estos casos, que incluyen graves acusaciones como genocidio y enriquecimiento ilícito, han generado un debate sobre la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que detalla las causales por las cuales un presidente puede ser acusado mientras está en funciones.

El documento presentado por el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, argumenta que las investigaciones en curso vulneran la competencia de la presidenta para dirigir la política general del Gobierno. La postura del Ejecutivo se basa en la interpretación de que el artículo 117 limita la capacidad del Ministerio Público y el Poder Judicial para investigar al presidente por cualquier delito durante su mandato. Esta interpretación, según el Ejecutivo, no ha sido validada aún por el Tribunal Constitucional y afecta la capacidad de la presidenta para cumplir con sus funciones oficiales.

Desde 2016, la institución de la Presidencia ha enfrentado un debilitamiento significativo debido a cambios en la legislación que limitan la cuestión de confianza, el uso de la vacancia presidencial y las restricciones para disolver el Congreso. Estos cambios, impulsados por diversas bancadas, han sido interpretados por el Ejecutivo como una amenaza a la estabilidad del régimen presidencial. La demanda competencial busca revertir esta situación, asegurando que la presidenta pueda cumplir con sus funciones sin interferencias indebidas de otras instituciones del Estado.

El Tribunal Constitucional deberá ahora evaluar la admisibilidad de la demanda y notificar al Ministerio Público y al Poder Judicial para que presenten sus respuestas en un plazo de 30 días. Este caso no solo definirá el alcance de la inmunidad presidencial en Perú, sino que también tendrá implicaciones significativas para el equilibrio de poderes y la lucha contra la corrupción en el país. La resolución de este conflicto será crucial para determinar si se respetan las competencias de cada institución y se garantiza la estabilidad del régimen político.