Defensoría del Pueblo solicita a Pronied atender infraestructura de I. E. Perú – Valladolid en Villa El Salvador

La oficina de la Defensoría del Pueblo de Lima Sur solicitó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) realizar las gestiones necesarias para atender las necesidades en relación a la infraestructura y mobiliario de la Institución Educativa 7237 Perú – Valladolid, ubicada en Villa El Salvador (VES), a fin de garantizar el derecho a la educación en condiciones adecuadas y seguras a alumnas/os.

En un recorrido por las instalaciones del colegio, personal defensorial constató el deterioro del techo aligerado que cubre un pabellón que cuenta con cinco aulas, situación que expone al peligro a escolares.

En cuanto al mobiliario educativo se observó que las/los estudiantes de primaria y secundaria utilizan los mismos escritorios y sillas que están diseñados para niñas/os pequeños. Además se constató que el plantel solo cuenta con dos servicios higiénicos, lo que resulta insuficiente para las/los 1300 alumnas/os que estudian en ambos niveles.

Sumado a ello, el 30 de noviembre, en la madrugada, la institución educativa sufrió un incendio que dañó el cerco perimétrico, así como el aula de cómputo, quedando inutilizables 20 ordenadores, así como dos retroproyectores.

En esa línea, el jefe de la sede defensorial, Percy Tapia, también solicitó al área de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador realizar una inspección técnica o las acciones que sean necesarias para determinar la magnitud del daño ocasionado en la I. E. n.° 7237 Perú – Valladolid.

“En la visita a la escuela verificamos que urge construir un muro de contención en el área lateral del plantel para proseguir con la implementación de un cerco perimétrico que resguarde la integridad de la comunidad educativa y los bienes asignados”, añadió el representante de la Defensoría del Pueblo.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur hará seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones a fin de velar por el derecho de niñas, niños y adolescentes de disponer de una infraestructura adecuada y segura.