Entre el 20 y 29 de marzo del año en curso, la Defensoría del Pueblo ejecutó una supervisión en 180 instituciones educativas (II. EE.), en 23 regiones del país, advirtiendo que el material educativo aún no ha sido entregado por completo, falta de docentes, problemas en infraestructura, y carencia de servicios públicos, como internet, agua potable y luz.
Así, se advirtió que 34 colegios públicos tenían 74 plazas docentes sin adjudicar o sin resolución de contrato emitida por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). Además, durante la supervisión, 41 II. EE. reportaron que tenían docentes sin asistir, siendo los principales motivos de ello la licencia por enfermedad (31 II. EE.) y la falta de contrato docente (9 II. EE.) Ello afecta el derecho de las y los estudiantes de contar con un/a docente que desarrolle el proceso de enseñanza desde el primer día de clases.
Asimismo, se encontró que 39 colegios no recibieron los materiales y recursos educativos, mientras que 134 los recibieron de manera incompleta. Además, en 84 II. EE. se indicó que el problema en el proceso de distribución de materiales educativos fue que el Ministerio de Educación demoró en entregarlos a los almacenes de la UGEL; 54 precisaron que la UGEL no tenía recursos para contratar el servicio de transporte de los materiales; y 20 manifestaron que la demora en la entrega de los materiales se debía a la emergencia por la ocurrencia de lluvias y huaicos.
Con relación a la infraestructura educativa, 150 II. EE. no tenían documentos técnicos que den cuenta sobre la seguridad en la edificación; mientras que 42 no tenían acceso al servicio de internet, 17 al servicio de agua potable y 2 al servicio de energía eléctrica. Finalmente, 11 II. EE. no recibieron la transferencia de los recursos para ejecutar el programa de mantenimiento de locales escolares.
Estos preocupantes resultados de la supervisión, así como las recomendaciones correspondientes han sido informados por la defensora del pueblo, Eliana Revollar, al ministro de educación, Oscar Becerra. En esta comunicación, se precisó que el derecho a la educación comprende el derecho a disponer de instituciones educativas y de las condiciones necesarias para que las mismas brinden un servicio educativo de calidad.
En ese sentido, se recomendó la implementación de una serie de acciones dirigidas principalmente a monitorear, supervisar y garantizar el cumplimiento de deberes y funciones por parte de las direcciones regionales de educación y las UGEL, respecto al marco legal y reglamentario aprobado por el propio Ministerio de Educación. Dicho marco normativo regula la ejecución de los referidos procesos y establece las responsabilidades de cada instancia de gestión educativa, en particular de la UGEL y de las II. EE. Asimismo, se solicitó un informe técnico que dé cuenta de las acciones adoptadas para implementar estas recomendaciones.
Finalmente, la titular de la Defensoría del Pueblo recordó que, tanto los tratados de derechos humanos como la legislación nacional, establecen expresamente que la disponibilidad comprende la obligación del Estado de garantizar la existencia de instituciones educativas, así como de infraestructura segura, el acceso a servicios públicos, los materiales educativos y el personal docente calificado.
