Defensoría del Pueblo: Gobernadores/as y alcaldes/as deben garantizar que espacios y servicios públicos sean accesibles para personas con discapacidad

Ante el inicio de las nuevas gestiones, la Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades regionales y municipales a priorizar el trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad, adecuando la infraestructura urbana de sus jurisdicciones así como los servicios que ofrecen, esto con la finalidad de crear ciudades realmente accesibles e inclusivas. 

Malena Pineda, jefa del Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), asignado a la Defensoría del Pueblo, manifestó que hay un reclamo permanente por parte de las personas con discapacidad ante la inaccesibilidad de los espacios públicos. Así también que, reiteradamente los gobiernos municipales y regionales incumplen con su obligación de asignar los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento de sus oficinas de atención a las personas con discapacidad (Oredis y Omaped).

“Es necesario recordarles a las nuevas autoridades regionales y municipales que la Ley de Presupuesto Fiscal 2023 dispone la obligación de asignar el 1 % de sus presupuestos a la atención de personas con discapacidad. Un 0,5 % para accesibilidad urbanística y arquitectónica y el otro 0,5 %, para el funcionamiento de las oficinas de atención a la discapacidad (Oredis y Omaped)”, afirmó la funcionaria.

En esa misma línea, la institución pidió a las nuevas autoridades que se ciñan al Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente a la Norma Técnica A.120 para los nuevos proyectos de obras, o la adecuación de los ya existentes con la finalidad de asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad y personas con movilidad reducida. 

Es importante tener en cuenta que, ante el limitado acceso a los servicios públicos, en una sociedad en donde persisten los prejuicios hacia las personas con discapacidad y se vulneran constantemente sus derechos, podemos señalar que estas, se ven afectadas por un problema de discriminación estructural, el cual requiere, para su eficaz atención, la intervención articulada del Estado desde cada uno de sus niveles de gobierno, ya sea este local, regional o nacional. 

El MICDPD invoca a las/los nuevas/os gobernadoras/es y alcaldes/as a implementar políticas públicas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad y a la eliminación de las barreas que impiden su libre desarrollo.