La ratificación de Carmen Velarde como jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha generado un debate significativo en el contexto político peruano. Esta decisión, respaldada por una votación unánime con la excepción de la inhibición de Guillermo Thornberry, refleja el reconocimiento a los logros de Velarde durante su gestión, destacando la tramitación de millones de documentos de identidad y una importante inversión en tecnología. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la continuidad en otros cargos, como el caso pendiente del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.
Corvetto, cuya ratificación está pendiente de reconsideración por parte de la JNJ, ha argumentado ante el organismo las complejidades enfrentadas por la ONPE, incluyendo desafíos de desinformación y la necesidad de mantener la integridad electoral frente a presiones políticas. Su gestión ha sido respaldada por auditorías exhaustivas y su capacidad para gestionar elecciones en condiciones difíciles, como durante la pandemia de COVID-19, ha sido crucial.
En medio de estos desarrollos, la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda competencial interpuesta por el Congreso contra el Poder Judicial añade un elemento de incertidumbre. Esta situación legal podría influir en las reincorporaciones recientes en la JNJ y, por ende, en las decisiones que tomen respecto a figuras clave como Tello, Vásquez y posiblemente Corvetto. Es crucial que estas decisiones no solo sean legales, sino también contribuyan a fortalecer las instituciones democráticas y la confianza ciudadana en ellas.
En resumen, la ratificación de Velarde y la situación de Corvetto en la ONPE no solo son asuntos administrativos, sino que también reflejan dinámicas políticas y legales más amplias que afectan la gobernabilidad y la estabilidad institucional en el Perú. Es imperativo que las decisiones tomadas por la JNJ y el TC estén respaldadas por criterios transparentes y que fortalezcan el estado de derecho en el país.
