El recurso presentado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al Tribunal Constitucional, en busca de anular el juicio oral por el caso Cócteles y archivar el proceso penal en su contra, ha generado un debate significativo en el ámbito judicial y político peruano. Fujimori enfrenta cargos graves por delitos de lavado de activos y organización criminal, por los que la Fiscalía pide 30 años y 10 meses de prisión. Este movimiento legal ha reavivado las discusiones sobre la legalidad y la justicia en el país.
El recurso de agravio constitucional presentado por la abogada Giulliana Loza, tras la negativa en segunda instancia del habeas corpus, pone en el centro del debate la interpretación de las leyes y la aplicación de principios constitucionales. Según Loza, las resoluciones del juez Víctor Zúñiga que mantienen a Fujimori bajo proceso son «manifiestamente inconstitucionales» y afectan gravemente su derecho a la libertad. La defensa argumenta que los hechos por los que se acusa a Fujimori no estaban tipificados en el Código Penal al momento de su comisión, lo que según ellos, vulnera el principio de legalidad.
Este argumento se enfrenta a un precedente judicial significativo: en 2022, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema determinó que los aportes de campaña pueden constituir lavado de activos si se prueba su origen ilícito. Esta resolución, derivada de un caso similar contra el expresidente Ollanta Humala, complica la posición de Fujimori y su equipo legal. Además, el Poder Judicial ha rechazado consistentemente el habeas corpus, argumentando que los tribunales ordinarios son los encargados de evaluar la responsabilidad penal y la legalidad de las acciones imputadas.
La decisión del Tribunal Constitucional en este caso será crucial no solo para el destino judicial de Keiko Fujimori, sino también para el precedente legal en Perú. Si bien la defensa busca que se archive el proceso penal, una resolución desfavorable podría incidir significativamente en el juicio del caso Cócteles. Este proceso es una prueba de fuego para el sistema judicial peruano, que debe demostrar su capacidad para operar con independencia y respetar los principios constitucionales, mientras se enfrenta a la presión de casos de alto perfil y gran interés público.
