El Congreso de la República tomó una decisión contundente al suspender a la legisladora María Cordero Jon Tay, acusada de concusión en agravio del Estado. Esta medida, alcanzada en una segunda votación durante el Pleno del último jueves 14 de marzo de 2024, responde a las acusaciones de recorte de sueldos a sus trabajadores, que oscilaban entre el 50% y el 75%, según reportajes y denuncias de los propios servidores públicos.
Inicialmente, el Congreso había evitado tomar medidas drásticas respecto a Cordero, pero tras reconsideraciones presentadas por la bancada de Avanza País y la congresista Susel Paredes, se sometió nuevamente la situación a votación. En esta segunda oportunidad, se logró el consenso necesario para acusar constitucionalmente a la legisladora y suspenderla de sus funciones representativas por la región Tumbes.
María Cordero Jon Tay, educadora y política peruana, ha tenido una carrera marcada por su participación en Fuerza Popular y su ejercicio como congresista por Tumbes desde 2011. A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado diversas polémicas, como su implicación en controversias relacionadas con visitas nocturnas al expresidente Alberto Fujimori y, más recientemente, las acusaciones de ‘mochasueldos’, donde se le señala por exigir parte del salario de sus asesores, así como regalos y viáticos.
A pesar de los intentos por mantenerse en la esfera política, la carrera de Cordero Jon Tay ha estado salpicada por escándalos que ahora han culminado en su suspensión. Esta decisión refleja la importancia de la rendición de cuentas y el respeto a la ética en el ejercicio de la función pública, sentando un precedente para la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en el ámbito legislativo peruano. Y ¿Quién asume la responsabilidad de estos casos que degradan la salud ética y moral de la nación?. Por un lado, el partido político que la llevó al congreso, Fuerza Popular, y por otro lado, los electores de Tumbes que votaron por ella. Finalmente, decidamos bien la próxima vez.
