El día de ayer se produjo un enfrentamiento entre pobladores del distrito de Cocachacra y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), dejando como resultado la muerte de Victoriano Huayna Nina, 61 años. Tenemos conocimiento, además, de 13 personas heridas dos de cuales son efectivos policiales, que vienen siendo atendidas en los hospitales de Mollendo y Arequipa.
Asimismo, 5 ciudadanos fueron detenidos. Las circunstancias de la muerte de Huayna Nina y de las personas heridas tendrán que ser sometidas a una prolija e imparcial investigación para determinar si la Policía Nacional del Perú (PNP) hizo uso racional, necesario y proporcional de la fuerza en sus intervenciones. Un equipo de la Defensoría del Pueblo llegó anoche a Mollendo para supervisar investigación por la muerte de Victoriano Huayna.
Estos hechos ocurren tras 30 días de protestas en el contexto del paro indefinido convocado por los dirigentes de Islay en contra del proyecto Tía María de la empresa Southern Copper Corporation. Dichas acciones han ocurrido, principalmente, en el valle de Tambo aunque el miércoles pasado recibió el respaldo de un sector de pobladores de la ciudad de Arequipa.
La Defensoría del Pueblo recuerda que en el 2011, este conflicto dejó tres muertos y decenas de heridos. De otro lado, el Estudio de Impacto Ambiental inicialmente presentado por la empresa fue cuestionado motivo por el cual fue objeto de una revisión de UNOPS que identificó 138 observaciones. Estos antecedentes debieron llevar a las entidades competentes a tomar todas las precauciones y recaudos para evitar que la situación de alta violencia se repitiera.
Constatamos que ha habido demora en la intervención en el conflicto, lo que ha dificultado las posibilidades del diálogo y negociación. De igual modo, no ha contribuido al proceso el hecho que el Ministerio de Energía y Minas hubiera descartado, en un primer momento, la revisión del EIA por parte de terceros calificados.
Dejamos constancia de los esfuerzos del día sábado 18 de abril, de parte del Presidente del Consejo de Ministros y cuatro ministros, y del día domingo 19 de parte del ministro de agricultura, y de la Gobernadora Regional de Arequipa por buscar un entendimiento sobre la base de la propuesta de diálogo técnico planteada en dichas reuniones por la Defensoría del Pueblo. Al concluir la reunión, la posición de los dirigentes de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, del Frente de Defensa, del municipio provincial de Islay, y municipios distritales de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia fue de mantenerse en su pedido de retiro definitivo de la empresa.
Lamentamos la indefinición sobre la forma de gestionar este conflicto y la falta de voluntad de diálogo, que una vez más colocan a los pobladores en el centro del escenario de riesgo para sus vidas, su integridad física, su tranquilidad y el derecho de todos a desenvolver sus actividades diarias con normalidad, entre ellas, la del derecho a ser educado que tienen miles de alumnos y alumnas de los colegios de Islay.
Cabe recordar que si bien los ciudadanos y sus organizaciones tienen el derecho a protestar, este no es obviamente ilimitado y debe ejercerse respetando los derechos de los demás ciudadanos y los de las autoridades que ejercen funciones establecidas en la Constitución y las leyes. De manera particular, las autoridades y funcionarios de los municipios, en su condición de miembros del Estado peruano, tienen el deber primordial de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general, establecidos en el artículo 44° de la Constitución.
La Defensoría del Pueblo llama al cese definitivo de los enfrentamientos y solicita a autoridades y dirigentes nacionales, regionales y locales a dar muestras de responsabilidad frente a las actuales circunstancias propiciando un diálogo sin condiciones que permita la pacificación de la zona y abra un camino de solución a este problema.
