Las protestas planificadas contra un proyecto minero de cobre en el sur del Perú deben ser permitidas para llevarse adelante de manera pacífica y sin represión policial, dijo Amnistía Internacional, en medio del temor que ocurran nuevos hechos violentos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, como sucedió las semanas pasadas.
Cuatro personas – incluido un oficial de la policía – han muerto y cientos de personas han resultado heridas durante las protestas contra el proyecto minero Tía María, desde finales de abril. Las autoridades peruanas han decretado el Estado de Emergencia en la región, luego de la muerte ocurrida el 22 de mayo de este mes. Además, las fuerzas armadas han sido destacadas a la zona.
“Esta semana el mundo está mirando al gobierno peruano. Con más protestas planificadas en los siguientes días, las autoridades deben hacer todo lo que este a su alcance para permitir a las personas manifestarse de manera pacífica, sin miedo a sufrir lesiones o algo peor”, dijo Guadalupe Marengo, directora adjunto del programa para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las muertes que hemos sido testigos son inaceptables y los responsables deben ser llevados ante justicia. El precio de las protestas sociales no debe ser la muerte de ninguna persona”. El 22 de mayo pasado, Ramón Colque murió producto de un disparo de bala. Él se encontraba trabajando como vendedor de comida cerca al lugar de las protestas cuando le dispararon. Tres personas más, incluyendo al oficial de policía Alberto Vásquez Durand, han muerto producto de los enfrentamientos desde finales de abril.
Por varias semanas los manifestantes se han reunido en la provincia de Islay, en el sur del Perú, para protestar contra el proyecto minero de cobre Tía María. Los manifestantes tiene conocimiento que la mina podría tener un impacto negativo en la comunidad, específicamente, contaminando las fuentes locales de agua.
La empresa minera Southern Peru Cooper Corporation, encargada del proyecto, decidió suspender sus actividades en la zona por un plazo de 60 días para poder dialogar con las comunidades afectadas. A pesar de esta medida continuaron los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. “Estas protestas no se han producido de la nada. Las tensiones sobre este proyecto minero han estado latentes desde hace tiempo. Las autoridades peruanas debieron haber asegurado durante las primeras etapas del proyecto que las comunidades locales fueran consultadas, provistas de información detallada y se les debió permitir dar sus observaciones sobre el mismo” dijo Guadalupe Marengo.
Amnistía Internacional hace un llamado a que se permitan las protestas pacíficas La violencia generada por algunos manifestantes no debe ser usada para reprimir el derecho a reunirse pacíficamente. Las autoridades deben asegurar que las personas que protesten de manera pacífica puedan continuar haciéndolo sin temor a represalias.
