La relación entre Harvey Colchado y el gobierno de Dina Boluarte inició con una cooperación prometedora, pero terminó abruptamente, revelando tensiones subyacentes en la administración pública peruana. Colchado, quien fuera jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), comenzó a colaborar con el nuevo gobierno tras la caída de Pedro Castillo. La presidenta Boluarte y su gabinete, especialmente la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar, buscaron su asesoramiento en varios asuntos, inicialmente en la designación de funcionarios clave.
La ministra Pérez de Cuellar, desconfiada de algunas recomendaciones para puestos importantes, recurrió a Colchado para investigar los antecedentes de ciertos candidatos. Las reuniones, siempre en estricta reserva y realizadas en una casa de seguridad de la Diviac, reflejaban la necesidad de mantener discreción en las consultas sobre la idoneidad de los funcionarios. Este tipo de interacción subraya la delicada naturaleza de las decisiones en la administración pública y la importancia de contar con información confiable para evitar nombramientos cuestionables.
A pesar de esta colaboración inicial, la relación comenzó a deteriorarse. A finales de julio de 2023, a Colchado se le ofreció un puesto prestigioso en la embajada peruana en Estados Unidos, una oferta que él rechazó, presumiendo futuras oportunidades. Sin embargo, la relación se tensó y finalmente se rompió tras un reportaje que involucraba a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, en reuniones con alcaldes que luego recibieron presupuestos millonarios. Este escándalo llevó al equipo especial de fiscales, apoyado por Colchado, a investigar el caso, marcando el fin de las reuniones secretas con el gobierno.
El desenlace de esta colaboración refleja la fragilidad de las relaciones en la política peruana y las dificultades inherentes a mantener la independencia y objetividad en las investigaciones. La suspensión de Colchado de su cargo y el fin de su buena relación con el gobierno ilustran cómo las dinámicas políticas pueden afectar la labor de aquellos comprometidos con la justicia y la transparencia. En un contexto donde la integridad de las instituciones es vital, este caso resalta la necesidad de fortalecer la independencia de los organismos investigativos y protegerlos de influencias políticas que puedan socavar su función esencial.
