La denuncia constitucional presentada por Jhon Carlos Lopez Goicochea contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, marca un nuevo episodio en la ya compleja y controversial escena política peruana. Lopez Goicochea acusa a Villena de haber cometido una infracción constitucional al denunciar a la presidenta Dina Boluarte por presuntos delitos de cohecho relacionados con el caso «Rolexgate». Según la denuncia, Villena habría violado el artículo 117 de la Constitución, que protege al presidente de ser acusado por delitos comunes mientras está en funciones.
El núcleo del conflicto radica en la interpretación del artículo 117, que establece las excepciones bajo las cuales un presidente puede ser acusado durante su mandato, limitándose a casos de traición a la patria, cierre del Congreso, impedir elecciones y obstaculizar el funcionamiento de los organismos electorales. Villena, en su defensa, sostiene que su denuncia responde a la gravedad de los hechos investigados y que la inmunidad presidencial no debe servir como escudo para la impunidad en casos de corrupción.
La polémica también expone un doble rasero en el Congreso. El mismo órgano legislativo que inhabilitó a Zoraida Ávalos por no acusar al expresidente Pedro Castillo por corrupción, ahora se prepara para juzgar políticamente a Villena por actuar en contra de Boluarte. Este contraste pone en evidencia una inconsistencia en la aplicación de la justicia, ya que, según conveniencia política, se interpreta de manera diferente el alcance de la inmunidad presidencial y las responsabilidades del Ministerio Público.
La denuncia contra Villena ha sido recibida con notable receptividad en el Congreso, particularmente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este cuerpo legislativo, presidido por Lady Camones de Alianza Para el Progreso (APP), se enfrenta ahora a la tarea de decidir sobre el futuro del fiscal. La situación refleja una vez más cómo la política y la justicia en el Perú están entrelazadas, dejando a la ciudadanía con la sensación de que la legalidad es manejada según intereses particulares. Este caso no solo subraya las tensiones entre los poderes del Estado, sino que también pone en jaque la confianza en la imparcialidad de nuestras instituciones.
