El gobierno de Dina Boluarte enfrenta un nuevo punto de inflexión con la posibilidad de realizar cambios importantes en el Gabinete Ministerial. La evaluación de hasta seis cambios en las carteras refleja la necesidad de ajustes en un gobierno que, desde su inicio, ha estado marcado por escándalos y tensiones políticas. Entre los ministros en la mira están los titulares de Economía, Cultura, Comercio Exterior y Mujer, lo que indica que las decisiones no se limitan a áreas técnicas, sino también a sectores clave para la política social y económica del país. Estos cambios surgen en un contexto de incertidumbre y de posibles movimientos estratégicos para fortalecer el equipo gubernamental ante los retos venideros.
La fusión de ministerios, específicamente los de Mujer e Inclusión Social, ha sido mencionada como una de las posibles decisiones en este proceso de reestructuración. Este movimiento, que aún no ha sido confirmado oficialmente, refleja un esfuerzo del Ejecutivo por optimizar la administración pública, aunque también genera preocupaciones sobre la posible pérdida de enfoque en temas críticos como la equidad de género y la protección social. Las declaraciones del ministro de Inclusión Social, Julio Demartini, sugieren que la fusión sería parte de una revisión integral de la estructura ministerial, lo que plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno en su política de inclusión.
El panorama se complica aún más con el reciente escándalo que envuelve al ministro del Interior, Juan Santivañez, tras la divulgación de audios comprometedores. Este nuevo escándalo recuerda otros episodios controvertidos del gobierno, como el Caso Rolexgate, que obligó a realizar cambios en el gabinete meses atrás. La aparente pasividad del Ejecutivo frente a estas revelaciones, sumada a la evasión de responsabilidades por parte de algunos ministros y congresistas aliados, pone en entredicho la capacidad del gobierno para mantener la estabilidad y la transparencia en sus decisiones.
Finalmente, la reacción del Congreso ante el escándalo de Santivañez muestra una preocupante indiferencia hacia las acciones del Ejecutivo. Mientras en otros periodos estos audios habrían generado una reacción más firme por parte del legislativo, ahora se observa una tendencia a esquivar la confrontación política. Esta falta de control político efectivo no solo erosiona la confianza en las instituciones democráticas, sino que también permite que se perpetúe un clima de impunidad y opacidad en el gobierno.
