Jean Palacios
La acción de amparo presentada por el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, ante el Poder Judicial, tras su remoción de la institución policial por el gobierno de Dina Boluarte, subraya la importancia de respetar los principios de legalidad y debido proceso en la administración pública. Angulo ha denunciado que su salida fue «abrupta, ilegal e irregular», lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad de las decisiones gubernamentales en materia policial.
Las declaraciones de Jorge Angulo sobre su citación a la Fiscalía, en relación con presuntas injerencias del ministro del Interior, Víctor Torres, destacan la importancia de una investigación imparcial y exhaustiva sobre los hechos que rodean su remoción. Angulo señala diferencias políticas en esta pesquisa, evidenciando la necesidad de garantizar la independencia del sistema judicial y evitar cualquier instrumentalización con fines políticos.
La narrativa presentada por el excomandante general de la PNP sobre su relación con el ministro Víctor Torres plantea interrogantes sobre posibles motivaciones detrás de su remoción y la gestión del Ministerio del Interior. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restablecer la confianza en las instituciones públicas y abordar eficazmente la inseguridad ciudadana, que afecta no solo a Piura, sino a todo el país, incluyendo Lima.
Las críticas de la congresista Maricruz Zeta respecto a la situación de inseguridad en Piura resaltan la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y dotar de recursos adecuados al Ministerio del Interior. El alto número de asesinatos y la creciente delincuencia demandan una respuesta integral por parte del Estado, que incluya medidas preventivas, de investigación y de persecución del delito, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
