La creciente ola de delincuencia y criminalidad en el Perú ha llevado a los gremios de construcción civil, transportistas y comerciantes a unir fuerzas en una lucha común contra la extorsión y la violencia. Liderados por Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), estas organizaciones buscan coordinar una movilización masiva para exigir acciones contundentes por parte del gobierno. La gravedad de la situación se refleja en los homicidios que han afectado al sector de la construcción, con 24 dirigentes asesinados en los últimos 20 años, y el temor generalizado que sienten los trabajadores ante la impunidad con la que operan las organizaciones criminales.
La marcha de los obreros de construcción civil del 24 de octubre fue un claro mensaje para las autoridades de los tres poderes del Estado. Villanueva y su gremio exigen que el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial actúen de manera conjunta para enfrentar el crimen organizado, que ha logrado infiltrarse en diversos sectores. Lo alarmante es que las denuncias contra estas bandas criminales, amparadas en seudo sindicatos, llevan más de dos décadas sin ser atendidas adecuadamente por las autoridades. Esta inacción no solo ha permitido el crecimiento de la criminalidad, sino que ha puesto en riesgo la vida y el trabajo de miles de peruanos.
La convocatoria a una protesta conjunta, en la que participen gremios de transportistas, comerciantes y bodegueros, subraya la urgencia de actuar de manera unida ante la delincuencia. Villanueva deja claro que la situación no mejorará si los diversos sectores afectados no se coordinan en una misma dirección. Además, el rechazo de los gremios a la Ley 32108 y a los proyectos de ley relacionados con el «terrorismo urbano» refleja un descontento generalizado con las políticas actuales, que parecen ser insuficientes para frenar la extorsión y el crimen organizado.
En conclusión, el llamado de Villanueva es una señal de que la paciencia de los gremios se ha agotado. Los trabajadores ya no pueden tolerar la falta de garantías de seguridad, mientras las bandas criminales continúan operando con total impunidad. Si el gobierno no responde de manera inmediata y efectiva a estas demandas, la movilización conjunta será solo el inicio de un conflicto mayor, que podría llevar al país a una crisis social más profunda.
