TERRIBLE MI CONGRESO DE LA REPÚBLICA

La aprobación de las modificaciones a la Ley 32108 en el Congreso ha generado un intenso debate sobre su impacto en la lucha contra el crimen organizado. La normativa ha sido criticada desde diversos sectores de la sociedad civil, quienes señalan que las enmiendas no atacan de fondo los problemas que la legislación plantea, sino que, por el contrario, parece que su objetivo es proteger a ciertos grupos dentro del mismo Congreso. La decisión de no derogar la ley, pese a las múltiples solicitudes, demuestra la falta de consenso en un tema tan delicado para la seguridad del país.

Entre los puntos más controvertidos está la obligatoriedad de la presencia de un abogado en los allanamientos, que ahora deberá ser un defensor público si el investigado no cuenta con su abogado particular de inmediato. Este cambio, aunque podría agilizar algunos procedimientos, ha sido percibido como una forma de blindar a ciertos personajes ante posibles investigaciones. Además, el nuevo criterio para considerar a un grupo como organización criminal, basado en penas mínimas de cinco años, deja en el aire la efectividad real de la norma para combatir las mafias más complejas y poderosas.

Resulta preocupante que, a pesar de las críticas de expertos y representantes de diferentes gremios, las voces que abogaban por la derogatoria no fueran escuchadas. La resistencia del Congreso a modificar de manera sustancial esta ley sugiere que existen intereses que van más allá de la seguridad ciudadana, lo cual quedó en evidencia durante el debate, cuando algunos legisladores expresaron abiertamente su temor a que la norma se utilice para presionar o intimidar a los propios congresistas.

Finalmente, la introducción del delito de «criminalidad sistemática» y la cadena perpetua para casos graves de extorsión, secuestro o sicariato parecen más medidas simbólicas que respuestas eficaces a la creciente criminalidad. Las modificaciones aprobadas no parecen suficientes para atacar el problema de raíz, y el país sigue esperando acciones más contundentes y transparentes por parte del Legislativo para enfrentar la amenaza del crimen organizado de manera efectiva y sin concesiones.