UNA INICIATIVA SOSPECHOSA

La iniciativa presentada por el partido Podemos Perú, que busca modificar las reglas electorales para permitir la designación de candidatos en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2026, ha generado una importante controversia en el ámbito político. Este proyecto, liderado por el congresista Juan Burgos, plantea que un candidato a la presidencia, así como hasta un 20% de los postulantes al Congreso, puedan ser designados por el órgano partidario. Este cambio despierta críticas de varios sectores, ya que altera las dinámicas democráticas internas de los partidos.

La propuesta ha sido vista por algunos analistas como un intento de sortear la voluntad de las bases partidarias y concentrar el poder en un reducido grupo de dirigentes, e incluso en una sola persona, como es el caso de Podemos Perú. El abogado José Naupari destaca que esto contraviene principios constitucionales, al abrir la puerta para que los candidatos sean elegidos «a dedo» por el liderazgo del partido, lo que va en contra del artículo 35 de la Constitución, que establece la obligación de garantizar un funcionamiento democrático dentro de los partidos políticos.

Este tipo de maniobras también parece responder a intereses individuales dentro del Congreso. Un claro ejemplo es el caso del congresista Edgar Tello, quien está promoviendo su propia candidatura presidencial a pesar de no estar afiliado a ningún partido político. La reforma propuesta beneficiaría directamente a figuras como Tello, quien podría postularse sin pasar por procesos democráticos internos, lo que genera cuestionamientos sobre la verdadera intención detrás de la ley.

Finalmente, el proyecto deberá ser debatido en la Comisión de Constitución, donde se espera una acalorada discusión. Más allá de los intereses particulares, lo que está en juego es el respeto a los principios democráticos y la preservación de un sistema electoral transparente y participativo. El Congreso tiene la responsabilidad de evaluar cuidadosamente esta propuesta y considerar sus implicancias para la salud democrática del país.