La fuga de Vladimir Cerrón tras la sentencia de prisión efectiva en el caso Aeródromo Wanka pone en evidencia una profunda falla en el sistema de justicia y seguridad del Perú. A pesar de estar prófugo durante un año y ser uno de los fugitivos más notorios del país, las autoridades no han logrado capturarlo. Esta situación plantea serias dudas sobre la eficacia del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y sobre si realmente existe una voluntad genuina para hacer cumplir la ley cuando se trata de figuras políticas de alto perfil.
El caso de Cerrón también expone un preocupante patrón de encubrimiento y posible complicidad dentro del propio gobierno. Las filtraciones, los retrasos en la notificación a la policía y la falta de transparencia sobre el uso del vehículo presidencial conocido como «El Cofre» sugieren que hay sectores del poder que estarían obstaculizando su captura. Estas sospechas, alimentadas por la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios, refuerzan la hipótesis de un posible encubrimiento, lo que agrava aún más la crisis de confianza en las instituciones.
Mientras tanto, Cerrón, desde la clandestinidad, ha mantenido una presencia activa en las redes sociales y ha desplegado una estrategia legal para intentar revertir su condena. La admisión de su recurso de casación por la Corte Suprema abre un nuevo frente en su defensa, mientras que sus constantes publicaciones en redes sociales desafían a las autoridades que, hasta ahora, no han sido capaces de rastrearlo. Esto no solo refleja la inoperancia del sistema, sino también la audacia del prófugo, quien parece convencido de que no será capturado.
La falta de avances en la captura de Cerrón no solo revela fallas operativas, sino que también mina la credibilidad del Estado peruano. La percepción de que ciertas figuras políticas reciben un trato privilegiado alimenta el desencanto ciudadano y la sensación de impunidad. Si no se toman acciones decididas y transparentes para capturar al exgobernador y esclarecer los indicios de encubrimiento, la erosión de la confianza en el sistema judicial y gubernamental podría tener consecuencias graves para la estabilidad del país.
