EL IMPERIO DE LA EXTORSIÓN

La alarmante escalada de delincuencia en Lima ha golpeado con particular fuerza a los transportistas y bodegueros de la capital, quienes enfrentan una realidad ineludible: la extorsión se ha convertido en un flagelo cotidiano. Los recientes paros de transportistas y las estadísticas proporcionadas por la Asociación de Bodegueros del Perú no dejan lugar a dudas: más de 9.000 emprendedores han denunciado actos criminales en el transcurso de este año, con casi 3.000 cierres de bodegas como consecuencia directa. La inseguridad no solo destruye negocios, sino que también siembra el miedo entre los vecinos, generando una atmósfera de constante vulnerabilidad.

La situación es particularmente grave en las zonas periféricas de la ciudad, donde los índices de extorsión alcanzan niveles insostenibles. Distritos como San Juan de Lurigancho, Comas e Independencia encabezan la lista de los más afectados, con los criminales exigiendo pagos a cambio de una falsa protección. Aquellos que no ceden a las demandas de los extorsionadores enfrentan amenazas violentas, ataques directos y, en muchos casos, la muerte. La respuesta de los bodegueros ha sido desesperada: unos encierran sus locales con rejas y cámaras de seguridad, mientras que otros se ven obligados a pagar a los delincuentes para poder seguir operando.

Este escenario es el resultado de una crisis de seguridad que se ha profundizado desde la pandemia de COVID-19, cuando la recesión económica incrementó los índices de criminalidad. Los pequeños comerciantes, vulnerables y sin recursos para protegerse, se han convertido en blancos fáciles para las mafias que operan en los distritos más desprotegidos de Lima. Las autoridades locales, aunque han implementado iniciativas como el «botón de pánico», aún no logran una respuesta integral y efectiva que aborde la raíz del problema: la impunidad con la que actúan los criminales.

Es imperativo que las autoridades, desde la Policía Nacional hasta el Congreso, trabajen de manera conjunta para cambiar este panorama. La legislación debe endurecerse para asegurar que los extorsionadores enfrenten consecuencias reales y disuasivas. Sin justicia, las calles de Lima seguirán siendo controladas por el miedo, y miles de pequeños emprendedores verán sus sueños destruidos por un sistema que, hasta ahora, ha fallado en protegerlos.