La aprobación de la controvertida «ley de impunidad» ha generado un debate significativo en el panorama político y social de Perú, especialmente debido a su impacto en los casos de crímenes de lesa humanidad y delitos de guerra cometidos antes de 2022. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha intentado restar responsabilidad al gobierno de Dina Boluarte, señalando que el Ejecutivo no fue el encargado de aprobar esta ley, sino el Congreso. No obstante, su postura ha sido cuestionada, dado que el Ejecutivo tenía la prerrogativa de observar la norma y evitar su promulgación, una acción que no tomó.
Es preocupante que el ministro Arana insista en que el Ejecutivo se mantendrá al margen de las acciones que se tomen respecto a la ley, delegando por completo la responsabilidad a jueces y fiscales. Esta posición parece una evasión del compromiso que debe tener el gobierno con la protección de los derechos humanos y el respeto por la justicia. Los organismos internacionales y nacionales ya han alertado sobre las consecuencias de una ley que podría socavar la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
La justificación de Arana de que es el Congreso quien debe responder ante la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la norma parece, nuevamente, una estrategia para deslindar responsabilidades. El rol del Ejecutivo no puede limitarse simplemente a «cumplir» las normas que promulga el Congreso sin una evaluación crítica de su impacto en la justicia y los derechos fundamentales. El gobierno de Boluarte debe asumir un rol más activo en la defensa del Estado de derecho, especialmente en temas tan delicados como los crímenes de lesa humanidad.
En última instancia, es fundamental que tanto el Ejecutivo como el Legislativo asuman plenamente su responsabilidad en garantizar que las leyes que se promulgan no vulneren los derechos de las personas ni perpetúen la impunidad. De lo contrario, el Perú corre el riesgo de retroceder en su compromiso con los derechos humanos y la justicia, socavando los avances alcanzados en las últimas décadas. El gobierno de Boluarte tiene la obligación moral de reconsiderar su postura y tomar las medidas necesarias para proteger la integridad del sistema judicial y el bienestar de la sociedad.
