El discurso de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, ha generado gran controversia y preocupación en el ámbito político y social del país. A pesar de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó contar con la ubicación del prófugo, Cerrón participó en un evento del partido vía Zoom, manteniéndose así fuera del alcance de la justicia. Este hecho evidencia las dificultades que enfrenta el gobierno para capturar a un personaje tan controvertido y cuestiona la eficacia de las estrategias de seguridad e inteligencia en el país.
La intervención de Cerrón en la asamblea de Perú Libre, aunque virtual, no pasó desapercibida. Su discurso, marcado por gestos de arenga y un fuerte mensaje político, refuerza su liderazgo dentro del partido y su capacidad de influencia, incluso desde la clandestinidad. Sin embargo, la interrupción de su mensaje por problemas de conectividad no solo evidenció las limitaciones técnicas, sino también una metáfora de la desconexión entre la figura de Cerrón y la realidad política actual del país.
La presencia de figuras políticas como Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, y otros congresistas de Perú Libre en este evento, plantea interrogantes sobre la lealtad de ciertos sectores políticos hacia un líder que se encuentra en la clandestinidad. Además, el respaldo explícito de su madre, Bertha Rojas, quien sostiene que su hijo es «inocente» y critica la falta de justicia en el país, agrega un matiz emocional y familiar a una situación ya de por sí tensa y compleja.
En este contexto, el Gobierno, a través del ministro del Interior, ha reiterado que no existe la intención de proteger a Vladimir Cerrón. No obstante, la continua participación del líder de Perú Libre en actividades partidarias, a pesar de su situación legal, plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y garantizar la imparcialidad en la persecución de aquellos que evaden la justicia. La captura de Cerrón, prometida pero aún no concretada, se convierte en una prueba de fuego para la administración de Dina Boluarte y su compromiso con la justicia.
