La decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar a Piero Corvetto Salinas en su cargo como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para un periodo adicional de cuatro años ha generado sorpresa y debate en la opinión pública. A pesar de haber obtenido el respaldo de la mayoría de los miembros de la JNJ, la ausencia de un voto favorable impidió su reelección, demostrando la importancia de alcanzar el consenso en este tipo de decisiones trascendentales.
El proceso de ratificación de Corvetto revela la complejidad y rigurosidad con la que se llevan a cabo estas evaluaciones. A pesar de haber alcanzado indicadores de excelencia en su gestión, la falta de unanimidad en la votación ha dejado en evidencia las tensiones y discrepancias al interior de la JNJ. Este episodio pone de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de evaluación y ratificación de los funcionarios públicos para garantizar la transparencia y la eficiencia en la administración estatal.
La situación de Piero Corvetto podría repetirse con otros altos funcionarios, como Carmen Velarde Koechlin, jefa del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), cuyo proceso de ratificación también está en espera debido a la falta de quórum en la JNJ. Esta incertidumbre respecto a la continuidad en el cargo de importantes figuras del ámbito electoral plantea interrogantes sobre la estabilidad y el funcionamiento de las instituciones responsables de organizar los procesos electorales en el país.
Es fundamental que las decisiones de la JNJ se basen en criterios objetivos y transparentes, garantizando la idoneidad y la probidad de los funcionarios encargados de conducir procesos tan trascendentales como los electorales. El proceso de selección del sucesor de Corvetto a través de un concurso público de méritos será una prueba crucial para demostrar el compromiso del Estado con la democracia y el Estado de derecho.
