La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur demandó la intervención de las autoridades sanitarias ante las deficiencias encontradas en siete Centros de Acogida Residencial (CAR) de esta parte de la capital. En una reciente supervisión, se pudo detectar que aún no se ha aplicado pruebas de descarte para COVID-19 a más del 65% del total de 198 niñas, niños y adolescentes que se encuentran acogidos en estos establecimientos.
Los CAR comprendidos en la supervisión fueron El Enebro, Santa Faustina y Rayo de Luz, ubicados en Pachacamac. Asimismo, la Casa Verónika de Chilca; y el Centro para Madres Adolescentes de Villa María del Triunfo, junto a las casas hogar Ayuda y Esperanza y Juan Pablo Magno, ubicadas en Villa María del Triunfo y Lurín, respectivamente.
Según explicó Percy Tapia, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur, en algunos casos el personal que labora en estos establecimientos, tampoco ha pasado por pruebas de tamizaje en lo que va de la emergencia sanitaria. De otro lado, se identificó que, del grupo de niñas, niños y adolescentes al que se practicó pruebas para COVID-19, 14 dieron positivo para esta enfermedad por lo que recibieron tratamiento.
Durante la supervisión se pudo conocer que estas instituciones no recibieron presupuesto adicional para llevar a cabo acciones de prevención durante la pandemia. Asimismo, que cuatro de ellas no son monitoreadas por las autoridades sanitarias de Lima Sur.
Un ejemplo de ello fue el caso del CAR casa hogar Santa Faustina, donde se tomó conocimiento que no se practicaba pruebas de descarte para COVID-19 pese al pedido realizado por su directora. La intervención de la Defensoría del Pueblo permitió que se diera rápida respuesta a cargo de personal especializado del Ministerio de Salud.
Denuncia del personal de un Centro de Acogida Residencial
También se solicitó el apoyo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ante la queja del personal del CAR casa hogar Rayo de Luz, que informó que no podía acceder al sistema de búsqueda de familiares de las niñas, niños y adolescentes acogidos.
“Hemos detectado también problemas en el seguimiento educativo pues muchos de los centros de acogida residencial tienen dificultades de conectividad digital o no cuentan con equipos adecuados para el dictado de clases escolares, por lo que en las próximas semanas haremos seguimiento a las recomendaciones que han sido formuladas tanto al sector salud como educativo”, sostuvo el representante de la Defensoría del Pueblo.
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