El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, recomendó a la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, concluir con el proceso de reactivación de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal (CMLT), instancia fundamental para la ejecución de la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra esta ilícita actividad.
La tala ilegal tiene un grave impacto ambiental y social, la cual afecta especialmente a los pueblos indígenas ubicados en nuestra Amazonía. “Debe garantizarse la participación activa y articulada de todas las entidades pertinentes”, subrayó el representante de la Defensoría del Pueblo a través del oficio remitido el pasado viernes a la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Vega recordó que, en el año 2010, mediante el Informe Defensorial N° 151: Política Forestal y Amazonía Peruana: Avances y Obstáculos en el Camino hacia la Sostenibilidad, “recomendamos la adopción de medidas concretas destinadas a la conservación y la gestión de los bosques naturales, como la actualización e implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Tala Ilegal incorporando el Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y de Fauna Silvestre”.
Al mismo tiempo, el funcionario resaltó la necesidad considerar la participación de los representantes de los pueblos indígenas afectados por la tala ilegal, en el proceso de toma de decisiones estatales vinculadas a esta ilícita actividad, que viene afectando gravemente sus derechos.
Vega pidió implementar una estrategia integral que vincule el objetivo de erradicar la tala ilegal en el Perú con los esfuerzos por garantizar los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía. “Los luctuosos sucesos ocurridos en la Comunidad Nativa de Alto Tamaya–Saweto nos recuerdan la urgencia de atender la agenda histórica de los pueblos indígenas, como es el garantizar sus derechos a la tierra y a los recursos forestales”, indicó.
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